El objetivo del Programa de Recuperación de Barrios es contribuir a mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la vida de barrio. Para ello, plantea, en primer lugar, un plan intensivo de acciones sobre las condiciones físicas del entorno, y en segundo lugar, contribuir a la cohesión social del barrio mediante un plan de fortalecimiento de las organizaciones sociales y la convivencia comunitaria. Para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la recuperación de los barrios significa enfrentar las carencias o problemas del espacio físico, como impulso detonante de los procesos sociales que reactivan la vida comunitaria y apropiación vecinal del espacio público.

Los objetivos propuestos específicos del Programa son: 

     • Recuperar espacios públicos deteriorados
     • Mejorar las condiciones del entorno
     • Fortalecer las relaciones sociales
     • Propiciar barrios integrados socialmente

Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asume la condición multidimensional de la recuperación y la necesidad de tener una mirada de largo plazo, que reconozca la complejidad de producir cambios en las tendencias de las dinámicas sociales y la relación simbólica de los habitantes con su territorio, además de la transformación del espacio físico de los barrios.

Ello significó también entender el urbanismo como parte del ejercicio ciudadano y como una acción descentralizada, e incorporar a las comunidades y a los gobiernos locales como actores claves en todas las etapas del proceso. En este sentido, la articulación de los distintos actores involucrados en la recuperación y la participación ciudadana se transforman tanto en instrumento para la recuperación como en un fin en sí mismo.

Lo anterior supone, por un lado, concebir los procesos participativos como experiencias vivenciales, donde los actores sociales son autocríticos de su realidad y capaces de coproducir, en conjunto con los actores institucionales, el futuro de su barrio. Además, supone reconocer que embarcarse en procesos participativos significa también la posibilidad de adquirir nuevas herramientas y desarrollar formas de trabajo más dialogantes y colaborativas entre los distintos actores, avanzando en el fortalecimiento del tejido asociativo de los barrios y de las virtudes cívicas de vecinos y vecinas en tanto indicadores claves de su recuperación y sustentabilidad.

Se intervino en dos tipos de barrio:

19 barrios catalogados como críticos o de alta complejidad, que presentaban problemáticas urbanas o sociales estructurales o se trataba de una escala de regeneración urbana mayor. Estos barrios fueron atendidos de manera directa por las SEREMI de V. y U. con una inversión que fluctúa entre 18.1UF/vivienda hasta las 250.3 UF/vivienda. Con un promedio de 102.8 UF/vivienda. El número de viviendas de estos barrios va desde 192 viviendas hasta 4.700 viviendas.

181 barrios catalogados como vulnerables o de complejidad media, que evidenciaban problemas de deterioro físico y vulnerabilidad social. Estos barrios fueron atendidos por equipos de barrio municipales o a cargo de consultoras, con inversiones que fluctúan entre los 8.3 UF/vivienda hasta las 200 UF/vivienda con un promedio de 40.2 UF/vivienda. El número de viviendas de estos barrios va desde 101 viviendas hasta las 3.463 viviendas.

El procedimiento de selección se estructuró en dos etapas. La primera fue la selección de las comunas, de las cuales se seleccionarían los barrios, lo que fue realizado siguiendo dos criterios:

a. Comunas con más de 70 mil habitantes o que forman parte de ciudades conurbadas de 100 mil y más habitantes.

b. Comunas cuya población de personas pobres fuera mayor al 10 por ciento, según Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2003.

Excepcionalmente, se dispuso que las regiones pudieran proponer otras comunas que no cumplieran con alguno de los criterios propuestos, pero que formaran parte de la política regional, resguardando que la selección de barrios se realizara de acuerdo con las pautas establecidas.
Una vez seleccionadas las comunas, la segunda etapa consistió en la selección de los barrios a intervenir, para lo cual se determinaron tres criterios:

a. Barrios que presentan problemas urbanos tales como déficit o deterioro del espacio público, de la infraestructura o equipamiento colectivo, segregación urbana, imagen ambiental degradada, problemas de conectividad o accesibilidad.

b. Barrios que presentan situaciones de vulnerabilidad social, como un débil sentido de pertenencia, estigmatización negativa, deterioro en las relaciones sociales, inseguridad ciudadana, presencia de población vulnerable o concentración de problemas en ámbitos de educación, emprendimiento, cultura o recreación.

c. Barrios y sectores en donde se pueda producir sinergia de recursos propios del sector o intersectoriales, tales como una cartera de proyectos locales en curso o programada, o la existencia de otros proyectos estratégicos regionales con impacto en el barrio.

El proceso de identificación de los barrios posibles de ser intervenidos, de acuerdo a los criterios definidos, se desarrolló en conjunto entre los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, finalmente fueron las mesas regionales quienes sancionaron.
El resultado de este proceso generó una cobertura del Programa en 200 barrios, con una alta heterogeneidad de condiciones, localizados en las 15 regiones y en un total de 80 comunas del país. Los 200 barrios representan una población beneficiaria de cerca de 500 mil habitantes, correspondiente a más del 3 por ciento de la población chilena.

La identificación de los 200 Barrios (Plan Piloto) se determinó a través de tres vías:

La primera, a partir de la medida presidencial (Michelle Bachelet, 2006 – 2010) que buscaba intervenir en barrios históricamente prioritarios: El Volcán en Puente Alto, Santa Adriana en Lo Espejo y Villa Portales en Estación Central, todos de la Región Metropolitana; Boca Sur en San Pedro de la Paz y Pedro de Valdivia Bajo en Concepción, ambos pertenecientes a la región del Biobío; Placilla y Rodelillo en Valparaíso.

Una segunda vía fue la de revitalizar las ciudades-puerto, para esto se incorporaron las comunas de San Antonio, Talcahuano, Coronel y Valparaíso.

Y la tercera, a través de un proceso de selección compartido con las diferentes regiones del país, para lo que se conformaron mesas, las que fueron presididas por el Intendente Regional e integradas por el Consejo Regional, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que actuó como Secretaría Técnica.

El procedimiento de selección se estructuró en dos etapas. La primera fue la selección de las comunas, de las cuales se seleccionarían los barrios, lo que fue realizado siguiendo dos criterios:

a. Comunas con más de 70 mil habitantes o que forman parte de ciudades conurbadas de 100 mil y más habitantes.

b. Comunas cuya población de personas pobres fuera mayor al 10 por ciento, según Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2003.

Excepcionalmente, se dispuso que las regiones pudieran proponer otras comunas que no cumplieran con alguno de los criterios propuestos, pero que formaran parte de la política regional, resguardando que la selección de barrios se realizara de acuerdo con las pautas establecidas.

Una vez seleccionadas las comunas, la segunda etapa consistió en la selección de los barrios a intervenir, para lo cual se determinaron tres criterios:

a. Barrios que presentan problemas urbanos tales como déficit o deterioro del espacio público, de la infraestructura o equipamiento colectivo, segregación urbana, imagen ambiental degradada, problemas de conectividad o accesibilidad.

b. Barrios que presentan situaciones de vulnerabilidad social, como un débil sentido de pertenencia, estigmatización negativa, deterioro en las relaciones sociales, inseguridad ciudadana, presencia de población vulnerable o concentración de problemas en ámbitos de educación, emprendimiento, cultura o recreación.

c. Barrios y sectores en donde se pueda producir sinergia de recursos propios del sector o intersectoriales, tales como una cartera de proyectos locales en curso o programada, o la existencia de otros proyectos estratégicos regionales con impacto en el barrio.

El proceso de identificación de los barrios posibles de ser intervenidos, de acuerdo a los criterios definidos, se desarrolló en conjunto entre los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, finalmente fueron las mesas regionales quienes sancionaron.

El resultado de este proceso generó una cobertura del Programa en 200 barrios, con una alta heterogeneidad de condiciones, localizados en las 15 regiones y en un total de 80 comunas del país. Los 200 barrios representan una población beneficiaria de cerca de 500 mil habitantes, correspondiente a más del 3 por ciento de la población chilena.

Descargue listado de 200 barrios

El análisis del proceso de selección de barrios, tanto en los aspectos de localización, antigüedad, número de viviendas y complejidad del barrio, determinó el diseño de dos categorías operativas: barrios de ejecución directa y barrios de ejecución indirecta.

a. Barrios de ejecución directa (o críticos)

Corresponden a barrios ejecutados directamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de equipos profesionales dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, que en un plazo aproximado de tres a cuatro años implementan el Programa.

Estos barrios representan el 10 por ciento del Programa. Estos barrios se caracterizaban por una alta concentración de deterioro urbano y vulnerabilidad social, y presentaban déficit de infraestructura u otros déficits de escala mayor, que podían requerir modificaciones del espacio.

b. Barrios de ejecución indirecta (o vulnerables)

Corresponden a barrios ejecutados por equipos profesionales del gobierno local o equipos consultores, a través de un convenio con las Secretarias Regionales de Vivienda y Urbanismo, en un plazo de dos a tres años. Estos barrios se caracterizaban por la pérdida de valor, deterioro urbano significativo y vulnerabilidad social, y por presentar algún déficit o necesidad de mejoramiento en escala menor del espacio público, equipamiento o fachadas (90 por ciento del Programa).

200 Barrios Listado de barrios críticos y vulnerables del Programa de Recuperación de Barrios. PDF - (19 Kb)

Plan de gestión de obras.

La inversión en obras del Programa se materializó en una cartera de 2.066 proyectos, según cuatro categorías de inversión:

1) Área verde
2) Circulación
3) Equipamiento
4) Obras complementarias

Estas 4 categorías involucran todas las bandas de acción que el programa tiene en un barrio. La tendencia de ejecución por categorías es similar en la totalidad de las regiones aunque en distinta proporción según recursos asignados, liderando la construcción de equipamiento, luego las áreas verdes, en tercer lugar las obras complementarias y en último lugar las obras de circulación.

Cartera de proyectos según categorías




Plan de gestión social

La gestión social se implementó a través de la conformación de 200 Consejos Vecinales de Desarrollo que representan a los vecinos/as en todo el proceso de recuperación. A la fecha, se ha terminado la ejecución de 129 planes de gestión social que contemplaban la participación de los vecinos en el desarrollo de los planes de gestión de obras en todo su ciclo: selección, diseño, ejecución, uso y mantención. La intervención social también incluyó la implementación de componentes transversales de identidad, seguridad, medio ambiente y conectividad digital. Asimismo, se han terminado 129 Agendas futuras que proyectan el desarrollo de los barrios post intervención, presentadas a sus respectivos municipios.

Al 2011 el programa ha terminado 61 contratos de barrios, programando una fecha de término del Piloto a diciembre de 2013.

El modelo operativo del Programa se orienta al logro de los objetivos fijados, tanto en los aspectos sociales como físicos, y de involucramiento de los gobiernos locales y de la comunidad. El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo es el responsable del Programa en cada región, para lo cual se conformó un equipo regional multidisciplinario encargado de la gestión, control y seguimiento de la implementación.

El modelo se estructuró en cuatro fases secuenciales de implementación, desde la etapa de instalación hasta la etapa de evaluación del proceso de recuperación, en un período que abarca de dos a cuatro años, dependiendo del tipo de barrio.

En la primera fase, llamada “fase cero” o de instalación del Programa, se establecen los acuerdos de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Municipios, se presentan los objetivos y fases del Programa a las comunidades, se define la modalidad de operación en cada barrio (Consultor o Municipio) y se avanza en la identificación conjunta de la primera obra a ejecutar en cada barrio, denominada “Obra de confianza”, entre otros.

La primera fase, es la etapa de diagnóstico compartido entre vecinos y equipos técnicos, donde se identifican las fortalezas y problemas del barrio, permitiendo tener una visión urbana integral en la que se construye el plan de recuperación del barrio y se identifican los activos comunitarios existentes que pueden dar mayor sustento al proceso de mejoramiento barrial.

Parte fundamental de esta etapa inicial es la conformación de un Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), que al cierre de la fase suscribe con el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo un Contrato de Barrio, el que contiene aquellas obras e iniciativas que han sido priorizados por la comunidad para ser ejecutadas en el marco del Programa.

La segunda fase -la de mayor extensión- es la etapa de gestión y ejecución de las actuaciones comprometidas en el Contrato de Barrio, tanto en materia de obras físicas como de iniciativas sociales. En esta etapa, los vecinos y el Consejo Vecinal de Desarrollo en su rol protagónico, se involucran activamente en las acciones de cambio de su entorno, a la vez que los actores institucionales ponen a disposición las competencias técnicas y presupuestos para llevar adelante lo comprometido, gestionando también recursos complementarios para abordar aquellos problemas que requieren de una acción multisectorial.

Por último, se lleva adelante una tercera fase de cierre, como etapa de balance y evaluación del proceso y sus resultados. Esta fase tiene un doble objetivo: en primer lugar, evaluar el avance logrado en materia de recuperación y determinar los desafíos pendientes; y en segundo lugar, construir una Agenda Futura junto al Consejo Vecinal y el Municipio, que proyecte la recuperación del barrio.