Viernes 1 de diciembre. “Proyecto de ley que establece que todos los proyectos habitacionales cedan 5% del suelo para vivienda social, no es un impuesto, sino un estándar urbano mínimo”, aseveró.
Puntualizando que el gobierno no renunciará a su rol en la planificación urbana ni en la disminución de la pobreza, la Ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete defendió la política habitacional y urbana de integración social y el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo para cautelarla.
Ello, al intervenir en las discusiones sobre el polémico tema del derecho al suelo en las ciudades, que se desarrollaron desde ayer en el marco del seminario “Vivienda y Suelo Urbano: ¿Una Política de Estado?”, en el que participaron expertos nacionales y extranjeros.
“En Chile el Estado cumple un rol subsidiario y se hace cargo de las materias que no pueden ser asumidas por el sector privado. En nuestro ámbito, hay dos ineludibles: la planificación de las ciudades y la disminución de la pobreza. Aunque hay quienes pregonan dejar el territorio sin normas, sólo sujeto al libre juego de la oferta y la demanda, la necesidad de que el Estado establezca los lineamientos básicos del territorio es consustancial a las ciudades desde su origen, hace ya 6.000 años”, señaló Poblete.
El candente asunto de las reales posibilidades de acceso equitativo al suelo, ha cobrado especial relevancia en Chile a raíz de la prioridad que ha puesto el gobierno poner en las políticas habitacionales y urbanísticas acento en la equidad e integración social. Ello, como una forma de terminar con los ghettos para las familias más pobres.
“No nos enorgullece -manifestó- que hayamos generado una marcada segregación social, especialmente en las ciudades mayores, separando a las familias pobres hacia la periferia, sin posibilidades de acceder a las áreas urbanas de mayor calidad y mejor equipadas”.
En este sentido -indicó- la mayoría de las familias de escasos recursos vive en conjuntos de viviendas construidas durante las últimas décadas, lo que significa que no habitan la periferia por decisión propia o por un hecho espontáneo.
“No es lo mismo que esto persista, cuando la localización de dichos conjuntos responde a políticas urbanas, o más bien, a las deficiencias de éstas en tan importante materia. Si la segregación social y espacial ha sido en parte la consecuencia de una política o de sus deficiencias, será otra política pública la que corrija esta distorsión”, subrayó.
EL PROYECTO NO ES UN IMPUESTO
Tras recordar que Chile ocupa el lugar número 17 entre los países con peor distribución de la riqueza y que el tema de la desigualdad fue calificado unánimemente como una vergüenza nacional en la última campaña presidencial, la autoridad subrayó que “a la hora de desarrollar políticas surgen las primeras resistencias”.
Con ello se refirió a la polémica que ha despertado una iniciativa de integración social y urbana que enviará próximamente el gobierno al Congreso. Según especificó la Ministra, el proyecto de Ley de Integración Social establece incorporar, como un estándar urbano mínimo, que todos los proyectos habitacionales que no incluyan una proporción de viviendas sociales cedan un porcentaje mínimo de suelo (5%) para vivienda social. “Verdaderamente mínimo – recalcó- al lado de estándares como los españoles, que hablan de un 30, 50 y hasta 70% de cesión de suelos para viviendas protegidas”.
Agregó que el proyecto entrega además la opción de pagar el equivalente a la municipalidad respectiva, para constituir un fondo cuyo destino único sea la adquisición de terrenos para localizar viviendas sociales en la misma comuna y cuya ubicación deberá responder a criterios de integración previamente establecidos.
“Dado que este proyecto ya ha sido criticado por algunos sectores, aunque sólo se conoce parcialmente, quiero aclarar que esta nueva exigencia no es un impuesto”, declaró la Secretaria de Estado. Se trata -puntualizó- de un estándar urbano que deberán cumplir los nuevos proyectos de viviendas, de la misma forma que hoy cumplen con cesiones gratuitas de una porción de sus terrenos para áreas verdes o para destinarlos a equipamiento municipal.
Estas exigencias tampoco son un impuesto -continuó señalando- sino los requisitos mínimos que la sociedad exige a los proyectos que van conformando la ciudad, con condiciones de equilibrio indispensables para la calidad de vida en sociedad.
El proyecto de ley también establece condiciones urbanísticas que aseguran que los conjuntos de viviendas sociales tendrán siempre un derecho preferente para ubicarse al interior de la ciudad. “En otras palabras, esta ley permitirá que los que tienen menos vivan más cerca de los que tienen más, cerca del lugar donde nacieron o donde vive su familia de origen. Todas estas medidas son más fáciles de exponer que de implementar y sólo podrán materializarse si como país suscribimos un pacto social que las haga posibles”.
RESPONSABILIDADES
La iniciativa del Gobierno, según indicó Patricia Poblete, obedece al hecho que la legislación chilena carece de mecanismos para corregir la inequidad en las ciudades, las que requieren de una visión integradora que debe darla el Estado.
“Su desarrollo no puede quedar entregado exclusivamente a las reglas del mercado, porque genera consecuencias como la segregación que hoy queremos corregir”, sostuvo al respecto la secretaria de Estado.
“En términos concretos -explicó-, si para producir una vivienda social de 400 UF no hay capacidad de gastar más de 65 UF en suelo, eso implica que la familia que habitará esa vivienda sólo podrá acceder a sectores urbanos con valores de suelo no superiores a 0,4 UF el m2, lo que en la práctica impide la localización de las viviendas en la mayoría de las zonas urbanas consolidadas y equipadas de las ciudades de Chile, cuyos precios se encuentran muy por sobre estos valores”.
Agregó Poblete que a “este clásico fenómeno de exclusión” se agrega la progresiva tendencia de los municipios a impulsar en sus planes reguladores, normas que impiden el desarrollo de las viviendas más económicas, estableciendo zonas de baja densidad que -dados los altos valores del suelo- los proyectos sociales no pueden cumplir.
Lo anterior- aseguró- son demostraciones claras de que con el actual sistema las posibilidades de revertir la segregación son escasas, sino nulas. Aseveró además la Ministra que “constatar esta situación implica asumir que las condiciones no van a cambiar de manera espontánea, y que se requieren medidas específicas. Significa hacer un pacto social que se traduzca en nuevas reglas, capaces de revertir el fenómeno y de intervenir el actual sistema para generar condiciones de integración social para los más pobres. Desde luego no de cualquier forma sino conjugando dos variables complejas como son: lograr la efectividad del proceso de integración, y no afectar el desarrollo de la actividad privada, responsable de más del 80% de lo que se construye en el país”.
A juicio de la secretaria de Estado, el desafío es poner a la ciudad a nivel de política de Estado, “en un esfuerzo de largo plazo y con un acuerdo de amplio consenso, capaz de sostenerse en el tiempo mas allá de los gobiernos de turno, que permita construir ciudades y territorios más equitativos”, según aseguró.
En el encuentro clausurado esta tarde en la sede de la CEPAL participaron como invitados expertos de la talla del catalán Jordi Borja, autor de la remodelación de Barcelona para los Juegos Olímpicos.