Ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete.

Columna de la Ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete publicada por El Mercurio, a propósito de que el Senado decide hoy si aprueba la idea de legislar sobre el proyecto de modificación a la Ley General de Construcción y Urbanismo.

Martes, 03 de junio de 2008.

Desde los inicios del gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos planteado la necesidad avanzar en una mirada más integral de la acción urbana del Estado.

Implementamos una Política Habitacional con un marcado énfasis urbano en el barrio y la integración social. Junto con ello, impulsamos una amplia Agenda de Ciudades, que ha duplicado la inversión pública en mejores espacios públicos, avenidas y equipamientos. Ello nos ha permitido complementar mejor los programas de vivienda, de recuperación urbana y de planificación del suelo, beneficiando en particular a los a los ciudadanos más vulnerables. 

Pero la Agenda de Ciudades también plantea desafíos de largo plazo, al incorporar reformas de ley que nos permitan prepararnos para las próximas décadas.

En enero enviamos al Congreso un proyecto de ley que reforma la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, aspecto que no ha tenido mayores modificaciones en los últimos 30 años y que nunca ha sido discutida en el Parlamento.

Recogiendo casi una década de debates y propuestas, el MINVU construyó un proyecto que fortalece y moderniza la planificación urbana.  

Hoy existe consenso en que para construir mejores ciudades, los planes reguladores deben ser más participativos, descentralizados, flexibles, además de contar con más capacidades para establecer compensaciones urbanísticas y mitigaciones que eleven los estándares de las ciudades.

El pasado 6 de mayo se dio el primer paso: La Comisión de Vivienda del Senado aprobó la idea de legislar. Si la ratifica el Senado, hoy martes 3 de junio,  se podrá iniciar la discusión en detalle.

En los últimos días han surgido voces que cuestionan el proyecto, alegando falta de participación o la necesidad de introducir ajustes, entre otros.

Estamos convencidos de que no existe un lugar más democrático y abierto a todos los ciudadanos, para converger en las reformas que nuestras ciudades necesitan, que el Congreso de la nación. Resulta, entonces, contradictorio que quienes sostengan que comparten el mensaje y las ideas matrices del proyecto de ley, no estén dispuestas a que el propio parlamento las discuta.

Nos anima un espíritu positivo.  Luego de escuchar en el Senado a decenas de organizaciones ciudadanas, gremios, universidades, centros de estudios y destacados profesionales, pareciera que por primera vez existe una real convergencia de ideas, que facilita la discusión de este proyecto de ley y sus posibles perfeccionamientos.
 
Algunos ejemplos: Todos están de acuerdo en ampliar los espacios de participación ciudadana en la planificación de barrios y ciudades.   El proyecto propone una fórmula que lo amplía considerablemente; cuánto más ampliar este espacio o cuánto más reglamentarlo, será parte de la discusión parlamentaria.

De la misma forma, la gran mayoría comparte la necesidad de establecer compensaciones y mitigaciones al desarrollo inmobiliario que impacta a los barrios. Planteamos que para aprobar edificaciones y urbanizaciones, al interior de la ciudad, los inmobiliarios deberán aportar al mejoramiento de los barrios donde se ubican los proyectos. Aunque este punto pareciera de amplio consenso, hay quienes creen, erróneamente, que este mecanismo esta orientado al crecimiento fuera de los límites urbanos, interpretación que debe ser aclarada.

También existe consenso en que la planificación urbana debe integrarse al desarrollo del territorio. Que esta materia no sea parte de este proyecto de ley, no implica que no se aborde. Precisamente  ello nos impulsó, en forma conjunta con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a ingresar hace unas semanas al Congreso, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

No le tememos al debate. Por el contrario, estamos convencidos que tenemos la oportunidad  histórica de discutir, por primera vez en el Parlamento, un proyecto de ley que ayudará a construir mejores ciudades.

El Parlamento es el espacio natural y constitucional donde se deben dar las discrepancias y perfeccionamientos al proyecto. Por eso, proponer retirar del proyecto o rechazar la idea de legislar, van justamente en la dirección contraria de la participación y el debate democrático.